Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la hoja de ruta para las edificaciones sostenibles en el país, que busca mitigar los efectos negativos de la actividad edificadora sobre el ambiente y mejorar las condiciones de habitabilidad.
La normatividad –que es una realidad, tras ser sometida a consulta pública entre septiembre y octubre del 2017– se consolidó gracias a la participación de los gremios, la academia y la ciudadanía, que evaluaron el impacto en los diferentes usos de las edificaciones, tanto urbanas como rurales, en sus etapas de desarrollo.
A esto hay que sumarle la creación de incentivos financieros para su ejecución y mecanismos de seguimiento al 2030, alineándose, de esta forma, con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la meta de reducción del 20 por ciento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), que surgieron del Acuerdo de París (COP21). De la mano con estas propuestas sugiere un seguimiento a la Nueva Agenda Urbana (NAU).
“La implementación de la política es prioritaria, teniendo en cuenta que no existe una estrategia unificada que consolide acciones en todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones, que articule las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad en el sector y que haga seguimiento a los resultados de las acciones implementadas”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía.
Sobre el tema, la directora del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), Cristina Gamboa, destacó que la expedición del Conpes ayudará a materializar la nueva visión en la forma en que se hacen las edificaciones y las ciudades”.
La directiva agregó que la dinámica de este mercado está representada en las construcciones que están en el listado oficial del certificado estadounidense de liderazgo en energía y diseño ambiental (LEED), que, a marzo pasado, sumaba 351 proyectos.
Aunque no es el único sello verde en el mundo, sí es el que la mayoría de las compañías nacionales utilizan para identificar sus obras como sostenibles. Un dato relevante, si se tiene en cuenta que estos desarrollos representan inversiones por 24 billones de pesos.
Teniendo en cuenta que muchos de los proyectos son de uso corporativo e industrial, Gamboa también destacó el interés del sector público por complementar la política de vivienda nacional, a través de la incorporación efectiva de los criterios de sostenibilidad, ahora, con un componente para las viviendas sociales y prioritarias, donde hay una apuesta grande del Estado.
Metas de la política
En línea con este desempeño, el documento Conpes establece tres fases de evaluación a corto, mediano y largo plazos: dos años para definir los criterios de sostenibilidad, cinco para la implementación del sistema de seguimiento y control, y, al 2030, la meta es que todas las viviendas nuevas sean sostenibles.
Tras esos objetivos se deben incluir nuevas medidas en la norma referentes a la localización, los materiales y la calidad del ambiente, entre otras, relacionadas con los usos industriales, la vivienda usada y las edificaciones rurales y de interés social. Esta acción –dice el Conpes– estará a cargo del Minvivienda.
Igualmente, con el fin de aprovechar el potencial de ahorro se deben impulsar programas de eficiencia energética para mitigar el impacto en el medioambiente, que surgen del consumo de recursos naturales, la generación de residuos sólidos y las emisiones de GEI.
Incentivos para construcciones ‘verdes’
Actualmente, solo la banca privada ofrece beneficios de crédito hipotecario a usuarios y constructores de inmuebles sostenibles. Sin embargo, en el documento Conpes se establece como estrategia un programa de incentivos financieros por parte de las Instituciones Oficiales Especiales para la construcción y adquisición de edificaciones ‘verdes’.
Dentro de los incentivos financieros, por el lado de la oferta, tanto la Financiera del Desarrollo (Findeter) como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) financiarán con tasas preferenciales, este tipo de proyectos. Por ejemplo, los beneficios podrán extenderse a hogares que opten por proyectos sostenibles y que sean financiados por el FNA.
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Articulo portal el Tiempo por:
GABRIEL E. FLÓREZ G.
Coordinador editorial Vivienda
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